ISSN: 2954-5331 / Revista investigación & praxis en CS Sociales
Volumen 5 - Número 2 - 2026
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Castro Riaño, L. C. (2026). Liderazgos, trayectorias y atribución de oportunidades/amenazas alrededor de la protesta social
en Colombia, 2002-2021. Revista Investigación & Praxis en CS Sociales, 5(2), 58–80.
Liderazgos, trayectorias y atribución de
oportunidades/amenazas alrededor de la
protesta social en
Colombia, 2002-2021
Leadership,
trajectories,
and
the
attribution
of
opportunities
and
threats surrounding social protest in Colombia,
2002–2021
Luis Carlos Castro Riaño
Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Argentina.
Correspondencia: lucacas2020@gmail.com
Derechos de autor 2026 Revista investigación & praxis en CS Sociales.
Esta obra está bajo una licencia internacional https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Recibido: 15 abril 2026.
Revisado: 14 mayo 2026.
Aceptado: 18 junio 2026.
Publicado: 08 julio 2026.
Como Citar: Castro Riaño, L. C. (2026). Liderazgos, trayectorias y atribución de
oportunidades/amenazas alrededor de la protesta social en Colombia, 2002-2021. Revista
Investigación & Praxis en CS Sociales, 5(2), 58–84.
https://doi.org/10.24054/ripcs.v5i2.4607
Resumen: En Colombia, en 2021, en el marco del Paro Nacional del 28A, se
precipitó una jornada extraordinaria de protestas que fomentó la
producción de análisis diversos, valiosos para dimensionar su magnitud. Sin
embargo, buena parte consiste en estudios cortoplacistas que aducen los
hechos como actos espontáneos, producto de procesos políticos y/o
económicos de la coyuntura. En contraste, aquí se sostiene la tesis de que
el fenómeno se explica también por los acumulados de la cultura de la
protesta. Así, se aprecian en perspectiva resiente factores como los
liderazgos, las trayectorias de lucha y las atribuciones de las
oportunidades/amenazas para protestar. El objetivo es examinar cada uno
en relación a las experiencias de los actores, a sus dinámicas de interacción
y a sus motivaciones. La metodología es cualicuantitativa. Se implementan
técnicas como investigación documental, entrevistas en profundidad y
observación participante. Se concluye, entre otros aspectos, que las
usanzas movimientistas fueron elementales para motorizar el paro en
cuestión.
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Palabras clave: Acción colectiva, ciclos de acción, agentes de gobierno,
desafiadores, sujeto
Abstract: In 2021, the National Strike of April 28 (28A) in Colombia
triggered an extraordinary wave of protests that spurred a variety of
analyses valuable for gauging the event's magnitude. However, much of
this work consists of short-term studies that frame the events as
spontaneous acts resulting from immediate political and/or economic
circumstances. In contrast, this study argues that the phenomenon is also
explained by the accumulated legacy of protest culture. Thus, factors such
as leadership, trajectories of struggle, and the perception of opportunities
and threats regarding protest are examined from a recent perspective. The
objective is to analyze each of these factors in relation to the actors'
experiences, interaction dynamics, and motivations. A mixed-methods
(qualitative-quantitative) approach is employed, utilizing techniques such
as documentary research, in-depth interviews, and participant observation.
The study concludes, among other findings, that established movement
practices were fundamental in driving the strike in question.
Keywords: Collective action, cycles of action, government agents,
challengers, subjects.
1. INTRODUCCIÓN
En Colombia, en el marco del Paro Nacional del 28 de abril de 2021 (28A), tuvo lugar una
jornada de protestas extraordinaria en términos de magnitud, apoyo ciudadano y duración, cuyos
análisis especializados la explican en perspectiva cortoplacista, como un suceso espontaneo que se
precipitó a razón de los procesos políticos y económicos de la coyuntura. Así, sus autores destacan
situaciones excepcionales, que infieren en materia de transformaciones o novedades del
fenómeno en sí mismo, en comparación con los antecedentes inmediatos –como el tema de los
liderazgos juveniles– sin considerar a fondo la cultura de la protesta, los actos de la experiencia o
las trayectorias de lucha a largo plazo, de los actores que protagonizaron los hechos, en esas
circunstancias (Aguilar Forero, 2020; 2022; Cruz, 2022; González, 2022; Medina, 2022; Vega, 2022;
Archila y García, 2023; Estrada, Jiménez y Puello, 2023; Vélez y Vargas, 2023; CNMH, 2024).
En este artículo se fija la mirada en esta vacancia epistemológica y se indaga en específico
por ¿cómo se configuró la atribución de oportunidades y amenazas políticas en cada uno de los
ciclos de acción colectiva a nivel nacional en el país, desde 2002 a 2021, en relación a las
experiencias previas de los sectores sociales que los promovieron, y en consideración a la
interacción de todos los actores en disputa en cada circunstancia, en particular en las ciudades de
Bogotá y Cali, en el contexto del 28A?
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El trabajo presentado resulta de la adaptación del segundo capítulo de la tesis doctoral
“¿Qué hay de nuevo en la revuelta?”. En ese espacio se analizan, mediante los enfoques teóricos
apropiados, los procesos causales de largo, mediano y corto plazo, de las dimensiones
política, de liderazgo, organizativa, discursiva, disruptiva y emocional, en torno a las protestas que
se desarrollaron a nivel nacional en el país, durante el periodo demarcado. No obstante, en esta
ocasión el objetivo consiste en examinar la atribución de oportunidades y amenazas políticas de la
protesta social en el país, en sus momentos más visibles, en las dos primeras décadas del siglo en
curso, en relación a las experiencias previas de sus promotores, a la interacción de todos los
actores en conflicto, y a sus percepciones sobre el contexto.
La metodología es mixta, con predominio cualitativo. Por lo tanto, se implementó la
investigación documental, la observación participante en Bogotá, y la entrevista en profundidad,
tanto en esta capital como en la ciudad de Cali, a integrantes de 42 organizaciones que
participaron de las jornadas de protestas del paro en cuestión. El análisis es observacional,
conversacional y de contenido semántico (Marradi, Archenti y Piovani, 2018), y se sustenta en
diversas fuentes de información: i) los registros estadísticos del Centro de Investigación y
Educación Popular (Cinep), en concreto, la tipología de los actores que protestaron a lo largo de
todo el periodo, y el número de veces que lo hicieron; ii) los relatos de los actores; iii) la literatura
especializada que se consultó en relación a las situaciones de protesta más destacadas del
periodo; iv) los comunicados de las organizaciones sociales; v) los informes de prensa; vi) los
apuntes del ejercicio de observación.
Desde el punto de vista teórico, los actores se asumen como seres que interactúan en la
sociedad, y sufren modificaciones en sus límites y atributos, según esa interacción. Se distinguen
tres variables: los agentes de gobierno o miembros del sistema político que gozan de acceso
rutinario a los organismos y recursos gubernamentales; los desafiadores, o actores políticos
constituidos, que carecen de dicho acceso rutinario; y los sujetos, personas o grupos, no
organizados como tal que, sin embargo, suelen imitar las acciones de los desafiadores. (McAdam,
Tarrow y Tilly, 2005, p. 12-13).
El concepto de trayectoria hace referencia a la experiencia acumulada tanto por los
desafiadores como por los sujetos. Las “atribuciones” se aluden como la probabilidad percibida
por unos y otros, de que existen las oportunidades o circunstancias adecuadas para que sus
acciones de protesta conduzcan al éxito, en la consecución de algún objetivo deseado. Las
“amenazas” se entienden como los costes y/o riesgos que deben asumir, al decidir emprender
jornadas de movilización o no (Tarrow, 2023, pp. 279-280). La acción colectiva se comprende
como la base misma de la protesta o lucha social que implica, entre otros procesos, la elaboración
y socialización de ideologías. Y los ciclos aluden las fases de intensificación de los conflictos, a
saber: difusión, radicalización y agotamiento, (Tarrow, 2023).
2. ACTORES Y LUCHAS
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Como se indicó en otros lugares (Castro Riaño 2024; 2026), entre 2002 y 2021 se
registraron cuatro ciclos de acción colectiva entorno a contiendas políticas de orden fiscal: en
2007, debido al proyecto de reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), presentado
bajo el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2006-2010); en 2011, a causa de la propuesta de
reforma a la Ley de Educación Superior, adelantada durante la primera presidencia de Juan
Manuel Santos (2010-2014); en 2013, a raíz de las políticas arancelarias que regulaban el sector
agrario y del detrimento paulatino de éste; y durante el gobierno de Iván Duque Márquez (2018-
2022), en el marco de dos Paros Nacionales imbricados: el 21 de noviembre de 2019 (21N), contra
la Ley de Crecimiento Económico, y el 28A de 2021, contra a la Ley de Solidaridad Sostenible.
Asimismo, en lo que concierne a los actores sociales que recurrieron a la protesta en todo
el periodo, el Cinep destaca 16 categorías, atendiendo al criterio de visibilidad pública de cada uno
(Archila, 2019; García, 2019). Entre todas ellas, aquí se distinguen tres grupos a razón del número
de protestas que cada uno realizó por año: i) activismo intenso, entre 350 y 100; ii) activismo
medio o moderado, entre 100 y 35; iii) activismo bajo o ínfimo, menos de 35.
El primer grupo abarca los pobladores urbanos, los cuales protagonizaron cinco picos o
momentos de intensificación de activismo político, con un promedio de 227 protestas anuales. Los
asalariados u obreros y empleados del sector oficial, que registraron seis picos y promediaron
alrededor de 160 luchas por año. Los estudiantes, tanto universitarios como de secundaria, que
estuvieron al frente de cuatro picos y registraron un promedio de 99 iniciativas de protesta cada
año. Los trabajadores independientes o por cuenta propia, que adelantaron cuatro picos, con un
promedio de 72 eventos de protesta anuales. Y los pobladores de fronteras urbano/rurales, es
decir aquellos que habitan municipios y/o veredas aledañas a los grandes centros urbanos, que
alcanzaron cinco picos, con un promedio de 52 luchas por año.
Gráfico 1: Actores sociales con un activismo intenso en el país entre 2002-2021.
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del Cinep (2024a). Esta serie de gráficos permite apreciar las
similitudes y diferencias de las luchas de los actores sociales, cuyo registro osciló entre cien y trescientos cincuenta eventos
anuales a lo largo del periodo.
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El segundo grupo incluye los campesinos que alcanzaron tres picos y un promedio de 45
situaciones de protesta por año. Los grupos étnicos, entre los que se destaca la participación de
indígenas y afrocolombianos, que lograron materializar también tres picos y promediaron 44
luchas anuales. Los familiares/víctimas de la violencia cuyo registro más destacado fue en 2007,
con un promedio fue de 43 situaciones de protesta cada año. Los gremios o sectores
empresariales, como los transportadores y comerciantes, que registraron tres picos y
aproximadamente 33 protestas anuales. Y las mujeres, o aquellas que reivindican en particular la
pertenencia al género femenino, con un registro de cuatro picos y un promedio de 18 actos de
protesta por año.
Gráfico 2: Actores sociales con un activismo medio o moderado en el país entre 2002-2021.
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del Cinep (2024a). Este conjunto de gráficos de polígono muestra la
irregularidad en términos de trayectoria de los actores sociales cuyo activismo aquí se considera moderado en la medida en
que realizaron entre cien y treinta y cinco protestas por año.
El tercer grupo incluye los actores con los porcentajes de protestas más bajos de todo el
periodo. Se trata de los reclusos, con cuatro momentos destacados y un promedio de 14 luchas
por año. Los desplazados por el conflicto armado, que mantuvieron un promedio de 12 luchas
anuales. La población LGBTIQ+, que registró cuatro picos y un promedio de 4 situaciones de
protesta por año. Los migrantes, particularmente de procedencia venezolana, que ingresaron a
los registros desde 2015 y marcaron su momento más destacado en 2020. Los desmovilizados o
excombatientes, que no presentan una trayectoria continua, pues aparecen y desaparecen en
varias ocasiones. Y los ambientalistas o ecologistas, que se distinguen entre todos los demás
como el sector que protestó en menos oportunidades.
Gráfico 3: Actores sociales con un activismo bajo o ínfimo en el país entre 2002-2021.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del Cinep (2024a). Esta combinación de gráficos de polígonos y de
barras permite apreciar la irregularidad de las trayectorias de los actores sociales cuyo activismo aquí se considera bajo o
ínfimo, dado que realizaron menos de treinta y cinco protestas cada año.
En los casos de Bogotá y Cali la tendencia de participación de los actores sociales fue
similar a la trayectoria nacional, pero diferente entre una y otra ciudad. Así, en términos de
activismo intenso, en la capital del país, se destacó el incremento de las acciones de protesta de
los familiares/víctimas de la violencia, los pobladores urbanos, los asalariados, los estudiantes y los
trabajadores. En Cali, se distinguió la participación de los pobladores urbanos, los asalariados y los
estudiantes. En materia de activismo medio o moderado se destaca en Bogotá la participación de
los desplazados. Y en lo que concierne al activismo bajo o ínfimo en ambas capitales se recalca la
escasa participación de los pobladores de fronteras urbano-rurales.
En relación a los picos de protesta a nivel nacional en todo el periodo, en Bogotá, en
2007, se subraya la participación de los familiares/víctimas de la violencia y los estudiantes; en
2011 y 2013 se distingue el activismo de los pobladores urbanos; y en 2021 son significativas las
protestas de los asalariados. En Cali, en 2007, 2011 y 2013, se destaca la participación de los
estudiantes, mientras que en 2021 es notoria la participación de los pobladores urbanos y el
incremento en el activismo político de los asalariados.
Gráfico 4: Participación en la protesta, por actor social en Bogotá, entre 2002 y 2021.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del Cinep (2024b). El gráfico permite apreciar la posición de los
actores en orden ascendente según el porcentaje de participación en la protesta en Bogotá, a lo largo del periodo de
estudio, marcado por un eje adicional que resalta el protagonismo de los pobladores urbanos.
Gráfico 5: Participación en la protesta, por actor social en Cali, entre 2002 y 2021.
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del Cinep (2024c). El gráfico permite apreciar la posición de los
actores en orden ascendente según el porcentaje de participación en la protesta en Cali, a lo largo del periodo de estudio,
marcado por un eje adicional que resalta el protagonismo de los pobladores urbanos.
3.LÓGICAS DE AGRUPACIÓN Y PROTAGONISMOS SECTORIALES
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A propósito de los liderazgos, es importante anotar que las variaciones que muestran los
registros estadísticos, en relación a la participación de los actores sociales en las luchas registradas
entre 2002 y 2021, son el resultado de procesos diferenciados. Se aluden dos, latentes en los
cuatro ciclos de acción colectiva identificados, que se desplegaron a escala nacional especialmente
durante el 28A. Por una parte, desafiadores y sujetos simpatizaron con diferentes causas y se
sumaron a reclamos particulares de manera individual o colectiva, para visibilizar sus propias
reivindicaciones; por otra parte, lo hicieron de forma imperceptible a simple vista, generalmente
en el desarrollo mismo de las protestas, lo cual eclipsó el protagonismo de unos y otros.
Ciertamente, en 2007, al Paro Nacional del Magisterio, encabezado por la Federación
Colombiana de Educadores (FECODE), se sumaron los estudiantes de secundaria de colegios
oficiales; los estudiantes de universidades públicas; las centrales de trabajadores y sectores de la
salud; los desplazados y los familiares/víctimas de la violencia (Archila, 2019; “Se acentúan las
protestas”, 2007).
En 2011, al Paro Nacional Universitario, protagonizado por la Mesa Amplia Nacional
Estudiantil (MANE), además de los estudiantes de universidades privadas, los padres de
familia de los universitarios, los rectores, los docentes y los trabajadores de ese ámbito, se
sumaron también: FECODE, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora de
Movimientos Sociales de Colombia (Comosocol), y movimientos políticos que aglutinaban
campesinos con grupos étnicos y otros sectores, como Marcha Patriótica
1
(Cruz, 2017a).
En 2013, al Paro Nacional Agrario, protagonizado por el Coordinador Nacional Agrario
(CNA), la Mesa Nacional Agraria y Popular de Interlocución y Cuerdo (MIA) y la Dignidad Agraria
(DA), se sumaron entre otros actores: los camioneros, los trabajadores de la salud, los estudiantes,
los grupos étnicos, el Congreso de los Pueblos
2
, Marcha Patriótica y los sindicatos de trabajadores
estatales (Archila, et al., 2014; Cruz, 2017b; González, 2019).
A los Paros Nacionales convocados por los diferentes sectores que se aglutinaron en el
Comité Nacional del Paro (CNP), el 21N y el 28A, se sumó una constelación de sectores que
aparece subsumida en la tipología del Cinep. Archila y García (2023) afirman que este episodio se
masificó y perduró gracias a la participación variopinta, que resultó de la articulación de los
actores tradicionales con grupos que no se destacan propiamente por salir a la calle a protestar,
ejemplo, las barras futboleras, los veganos o los amantes del Hip-Hop. Estos y otros investigadores
le atribuyen el protagonismo a las juventudes y a las mujeres en particular (Aguilar Forero, 2022;
Cruz, 2022; González, 2022; Vega, 2022; Estrada et al., 2023; Lozano, Montoya y Nossa, 2023;
Vélez y Vargas; 2023; CNMH, 2024).
Esta suerte de eclipse protagónico de los actores sociales que participaron en los ciclos
identificados en el periodo se explica por varias circunstancias. Por ejemplo, con las mujeres y los
estudiantes, que adelantaron sus luchas específicas, pero que también se activaron por
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reivindicaciones de carácter social en las movilizaciones de pobladores urbanos, asalariados,
trabajadores independientes, campesinos, etc. En esta lógica se puede aducir que los desafiadores
unas veces actuaron como tal y otras como sujetos, mezclados con la ciudadanía, en una especie
de activismo itinerante o irregular, dependiente del contexto y de sus intereses particulares.
En efecto, durante el ciclo de protestas de 2021, aparentemente las participaciones
individuales de algunos sectores tendieron a disminuir, mientras que las juventudes aparecían
diferenciadas como actores emergentes. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios de varios de
los participantes entrevistados, detrás de esos protagonismos siempre existieron otros no menos
importantes. En la voz de una integrante del Movimiento Nacional de Mujeres por la Paz:
El paro nacional fue un movimiento de jóvenes, jóvenes digo, chicos y chicas, pero las
mujeres siempre han sido protagonistas. Lo que ocurre es que la historia la cuentan los varones,
no la cuentan las mujeres. ¿Quiénes estuvieron en las ollas comunitarias?: las mujeres. ¿Quiénes
asumieron las labores de salud, de defensa, los liderazgos?: las mujeres. ¡Y hubo esa tendencia a
silenciarlas! Es que el protagonismo era de las primeras líneas, decían, pero las mujeres estuvieron
ahí. (María Ramírez, comunicación personal, 22 de noviembre de 2024)
En este sentido, se puede afirmar que se trató de “actores subalternos” (Archila, 2018, p.
81) con identidades políticas que no contienen un atributo fijo de desafiadores y sujetos, sino que
varían entre lo que se puede considerar como “identidades incrustadas” e “identidades distantes”,
que describen su conexión con la vida social permanente o esporádica. El primer tipo moldea “un
amplio espectro de relaciones sociales rutinarias” como las que se establecen en lugares de
trabajo, mientras que el segundo tipo hace lo propio con “un abanico restringido, especializado,
de relaciones sociales intermitentes” (McAdam et al., 2005, p. 149), como las que tienen lugar en
los ámbitos educativos. En otras palabras, identidades políticas contingentes, construidas y
alteradas a partir de las propias relaciones entre los grupos de actores subalternos, pero también
de las oportunidades/amenazas para su movilización.
En la mayoría de los casos, eran actores que habían surgido en las zonas urbanas
populares o rurales del país y que contaban con largas trayectorias de lucha, pese al cambio
generacional, por ejemplo, los asalariados o los campesinos. En otros casos, como sucedió con los
desplazados o los desmovilizados, su emergencia tuvo lugar en zonas rurales, especialmente
aquellas donde el Estado no hace presencia (García, et al., 2005), y desde allí se trasladaron a las
grandes capitales.
Conforme a los testimonios recabados en Bogotá y Cali, la gran mayoría de desafiadores y
sujetos que se agregaron al paro nacional del 28A había participado igualmente del Paro Nacional
del 21N, e incluso de sucesos que tuvieron lugar con bastante anterioridad. En este sentido, a
partir del ciclo de protestas de 2021, es posible aproximarse a sus trayectorias y dinámicas de
participación en todo el periodo.
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3.1 Desafiadores
La agregación de los desafiadores inició en la etapa de difusión del ciclo, durante la
divulgación y debate del proyecto de Ley de Crecimiento Económico, entre los partidos oficialistas,
gremios económicos, partidos independientes y los partidos de oposición al GN. Esta práctica fue
muy similar a las dinámicas de los demás episodios de alcance nacional, más allá de la
organización convocante: en este caso el CNP.
Todos los sectores que se articularon en dicha estructura (asalariados, campesinos,
estudiantes, gremios, grupos étnicos, mujeres, etc.) contaban con historial de activismo amplio,
importante en términos de experiencia movimientista. Por ejemplo, los indígenas que, según
uno de sus integrantes, venían participando de las luchas de los demás desafiadores
desde 2003, “con el fin de apoyar, pero también como parte de una estrategia sectorial, que inició
en el decenio de 1970, para actualizar y visibilizar sus reivindicaciones históricas” (Fabio,
comunicación personal, 06 de junio de 2021).
Entre este grupo poblacional se destaca la trayectoria de la comunidad Misak que
protagonizó el derribamiento de las estatuas de Sebastián de Belalcazar, en Popayán
3
, en 2020, y
Cali, en 2021. Uno de sus integrantes comentaba su experiencia personal desde su iniciación en la
lucha indígena:
Bueno, he venido acompañando, tanto a mi organización como a mi comunidad,
prácticamente desde los 12 años. Fuí coordinador de la guardia indígena Pubenense del
Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente colombiano desde el 2019. Y
participamos en los largos meses de resistencia en la ciudad de Bogotá, en Tolima, en Popayán y
en el departamento del Huila, en 2021. (Luis Ussa, comunicación personal, 28 de octubre de 2024)
En el caso de los pobladores urbanos la trayectoria es igualmente amplia y está marcada
por diferentes situaciones. Por ejemplo, una parte de los activistas que se movilizaron en 2019 y
2021 era ex militantes de partidos que se conformaron en procesos de pacificación entre el GN y
varios grupos guerrilleros que se crearon en la segunda mitad del siglo pasado, como la Unión
Patriótica o la Alianza Democrática M-19. En Cali, uno de los integrantes del Movimiento Sin
Techo, se refirió a esta cuestión:
1
Partido político de izquierda, fundado en 2012 con el fin de defender los derechos de los campesinos, las
comunidades urbanas y otros sectores sociales.
2
Proceso organizativo que reúne a diferentes sectores sociales con el fin de promover la vida digna, la
resistencia indígena y la lucha popular, entre otras causas, desde 2010
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Nosotros venimos del movimiento social hace muchos años, yo soy un sobreviviente de la
Unión Patriótica, un movimiento que fue exterminado a tiros en los noventa, y pues venimos
desde esa época. Venimos con Marcha Patriótica, con los procesos de reivindicación estudiantil en
2011 y agraria, en 2013 y 2014, organizándonos, mirando la perspectiva de disputa por el derecho
a la ciudad, con la represión a cuestas. Nosotros fuimos parte de las protestas de 2019 como
organización social. Acá en Cali hay un Comité de Paro, donde se reúnen todas las expresiones
sociales y el movimiento sindical a discutir la movilización, y es desde ahí donde se coordinan
todas las acciones. (Jorge, comunicación personal, 24 de octubre de 2024)
Varias de los participantes entrevistados destacaban sus experiencias movimientistas como
una especie de formación política, que les ha permitido ampliar su perspectiva crítica para
sumarse a una causa determinada. Al respecto una de las integrantes del Movimientos Nacional
de Mujeres por la Paz, señaló que se inició en el tema del activismo en la década del setenta,
cuando tenía 20 años, y desde entonces participó en diferentes causas:
Ya me había movido en muchos espacios barriales y populares, sin tener muy claros los
problemas. Hay varios hitos en los que he estado presente con otras personas, con otros
movimientos sociales, por ejemplo, en el Paro Cívico de 1977, el 14 de septiembre. Yo soy de la
generación que nació y tuvo como horizonte la Revolución Cubana, después la Revolución
Nicaragüense, y lo que fue la subida de Allende, con la Unidad Popular, en Chile. Hice parte del
movimiento estudiantil, de la lucha por la educación. Esa fue una experiencia importante para mí
porque me ayudó a adquirir conciencia de la pobreza, la discriminación y las desigualdades que
persisten a pesar del tiempo. Al feminismo llegué detrás de todas estas luchas, como desde los
años ochenta. (María Ramírez, comunicación personal, 22 de noviembre de 2024)
Sin duda alguna, todos estos actores se configuraron en diferentes contextos, algunos
caracterizados por la violencia directa y, desde entonces, optaron por la protesta como una vía de
participación política. Por ejemplo: los familiares/víctimas de la violencia, los desplazados o los
desmovilizados. En el primer grupo, Rubiela, integrante de la asociación Madres de los Falsos
Positivos (Mafapo), señaló que durante años pensó que el asesinato de su hijo era una confusión,
hasta que se enteró que había más mujeres en la misma condición, y se sumó a la organización,
en 2010.
Desde ese momento, inició su lucha por conocer la verdad sobre los hechos y, junto a sus
compañeras, empezó a sumarse a las protestas como forma de denuncia de los “crímenes de
Estado” (Rubiela, comunicación personal, 06 de junio de 2021).
En el grupo de los desplazados una integrante de la Fundación Víctimas Vulnerables
Mujeres Afro, señaló que ella y sus compañeros decidieron crear esa organización en 2017, para
ayudar a más desplazados, pero también “por la defensa de la vida, del territorio y del medio
ambiente” (Paola, comunicación personal, 29 de octubre de 2024).
3
Capital del departamento de Cauca, limítrofe con el departamento del Valle del Cauca cuya capital es Cal
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En el grupo de los desmovilizados un excombatiente de las FARC-EP señaló que, antes de
la firma de los acuerdos de paz, “siempre participaron de diferentes formas en la protesta, con
mucha latencia, estando ahí, presentes, acompañando, motivando, tratando de organizar”.
Después del proceso de reincorporación se sumaron en calidad de excombatientes, con el aval su
partido político Comunes y, durante el 21N y el 28A, lo hicieron con otras organizaciones sociales,
“desde el arte y la cultura, hablando sobre el proceso de paz, hablando sobre el acuerdo de paz,
construyendo tejido” (Jacobo, comunicación personal, 28 de octubre de 2024).
3.2 Sujetos
En conformidad con las evidencias empíricas el 28A fue el episodio de protestas más
dinámico de todo el periodo, debido a factores como el surgimiento masivo de organizaciones y a
la intensificación del activismo entre ellas. No obstante, el hecho no fue enteramente espontaneo
como se ha afirmado en varios lugares (Cruz, 2022; Medina, 2022; Archila y García, 2023; Estada et
al., 2023; Lozano et al., 2023; Vega, 2022). De acuerdo a las entrevistas realizadas, este paro
nacional se desarrolló a raíz de tres variantes. En primer lugar, conforme a la activación de
organizaciones con presencia y reconocimiento en barrios donde posteriormente se conformaron
puntos de resistencia. En segundo lugar, en la medida en que a esos puntos llegaron
organizaciones de otros barrios. En tercer lugar, debido a las personas que acudieron
individualmente y, estando allí, conformaron organizaciones derivadas (Tarrow, 2023) como las
tácticas defensivas denominadas Primera Línea (PL), cuyo fin era proteger la protesta de los
abusos de la fuerza pública.
En términos de identidad y origen socioeconómico, por un lado, se trató mayoritariamente
de formaciones diversas de activistas provenientes de distintos estratos, cuyas trayectorias de
lucha iniciaron a principios de este siglo o antes (barras bravas, colectivos feministas, de hip-hop,
de veganos, de artesanos hacedores del oficio, de artistas, etc.). Por otro lado, si bien es cierto que
una buena parte de estos actores estaba conformada por población joven de sectores populares
(Aguilar Forero, 2022; Archila y García, 2023; Vélez y Vargas 2023), hubo un porcentaje amplio de
sujetos de diferentes edades con formación universitaria, o política, que también participó y
asumió liderazgos. Por ejemplo, se sumaron estudiantes y profesores universitarios, profesionales
de áreas como la salud, el derecho o el trabajo social, etc. (Vélez y Vargas, 2023; CNMH, 2024).
En términos organizativos se trató de dos expresiones organizativas: organizaciones de base
(McCarthy, 1999) que actuaban previamente desde los barrios o comunidades, otorgando
continuidad a la organización en contextos de reflujo social con actividades diversas; y redes
interpersonales o cadenas fugases de individuos (Tarrow, 2023), que ofrecieron oportunidades de
adhesión, discusión y cooperación para la protesta.
En el caso de las organizaciones de base, una buena parte de sus integrantes contaba con
una trayectoria amplia en materia de activismo y protesta social, muchos la iniciaron en sus
tiempos de estudiantes universitarios y desde hace años venían trabajando al interior de barrios
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populares. Uno de los integrantes del Colectivo Teatral Hijos del Sur, de la Localidad de Usme en
Bogotá, indicaba que su organización se gestó en 2008, como proyecto de educación popular
formado por diferentes profesionales, y que desde entonces participaron de distintas formas en la
protesta, como una alternativa a la lucha sindicalista:
Desde un principio digamos que buscamos unirnos con otras organizaciones de Usme
4
.
Entonces estaba el OIDH, que era el Observatorio Internacional de Derechos Humanos, estaba la
Plataforma Social de Usme, gente del partido Comunista y otras agrupaciones. Entonces salíamos
a celebrar el primero de mayo desde el sur. Era como una apuesta con la idea un poco de que las
movilizaciones no fueran al centro, a la plaza de Bolívar, con los sindicatos y ya, sino que empezar
a organizar a la gente desde los barrios. Nos encontrábamos para fechas especiales, nos
movilizábamos al interior de los barrios Santa Librada, Alfonso López, Usme pueblo, la Marichuela,
y hacíamos actividades. Dijimos: algo hay que hacer pa movilizar a la gente en los barrios porque
no todo el mundo va al centro ni está comiéndose este carreto del sindicato. Creo que fue un
momento importante porque lo mismo estaba pasando en Bosa, lo mismo estaba pasando en
Kennedy, lo mismo estaba pasando en Suba. (Juan, comunicación personal, 05 de noviembre de
2024)
Este tipo de narraciones se repitió en la mayoría de entrevistas que se llevaron a cabo tanto
en Bogotá como en Cali. En esta última ciudad un integrante de la Organización Social y Política
Atrévete, señaló lo siguiente:
El primer escenario de protesta en el que participamos fue el Movimiento Estudiantil, por
allá en el 2014, 2015, previo al plebiscito, en beneficio del acuerdo de paz que se estaba
adelantando entre las FARC-EP y el Estado colombiano.
Arrancamos un proceso de pedagogía, no solamente en clave de lo universitario, sino
también en clave de lo barrial. Entonces ahí empieza todo un proceso de movilización, de
liderazgo, siempre de una manera muy disruptiva, respondiendo a ese espíritu de lo juvenil, y eso
nos permitió empezar a profundizar en todos los procesos de movilización previos al estallido
social en diferentes comunas. (Carlos, comunicación personal, 27 de octubre de 2024).
Es importante anotar que el tema del activismo político al interior de barrios populares,
generalmente ubicados en la periferia de las ciudades, también fue relevante porque
precisamente, en el contexto del 28A, en varios de esos lugares se instalaron los puntos de
resistencia o fortines5 donde confluyeron miles de sujetos para protestar. Es decir, en esos
lugares, tradicionalmente azotados por la delincuencia común, la presencia de bandas criminales y
el microtráfico, se conformaron varias agrupaciones de base para combatir las situaciones de
violencia, a lo largo de la segunda década del siglo en curso.
Otro ejemplo, también en Cali, es el de la Red Amplia la Colcha, cuya visión de sus
fundadores fue la de promover el desarme ciudadano. A propósito, una de sus integrantes afirmó
lo siguiente:
4
Ver mapa anexo número 1: puntos de concentración y resistencia en Bogotá, en el marco del 28A.
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La red nace en el 2017 con un llamado ciudadano que hace el obispo de la ciudad, en ese
momento Monseñor Darío Jesús Monsalve, a unir fuerzas entre la sociedad civil, instituciones, e
iglesia, etc., para promover el desarme ciudadano. Estaba muy sentida esta situación de la famosa
bala pérdida. Esto de los ataques entre los jóvenes, en los parques, como toda esta dinámica de la
violencia urbana y barrial que se ve, sobre todo, en los barrios populares de la ciudad. La Red
empieza a configurarse como colectivo porque, a partir de ese llamamiento, se empieza a realizar
unos ejercicios formativos alrededor del liderazgo. (Sarah, comunicación personal, 29 de octubre
de 2024)
En el caso de las redes interpersonales, fueron cientos los sujetos que se sumaron de
manera permanente, y miles los que lo hicieron de forma esporádica, pero muy pocos los que
alcanzaron liderazgos en el sentido pleno del término pues, en parte, la intencionalidad era la de
evitar los roles de poder, concentrado en líderes específicos. Empero, las trayectorias de aquellos
que se agregaron por iniciativa propia –de forma individual– fueron fundamentales en relación a
los procesos organizativos y asamblearios que se realizaron posteriormente. En este sentido, el
relato de un integrante de la organización Primera Línea Resistencia a la Indiferencia, en Cali,
reúne varios puntos de vista en común de todos los participantes entrevistados, en relación a la
pregunta por las experiencias previas en contextos de protesta:
Yo soy hijo de un movimiento estudiantil secundario que, en el año 2007 se opuso a la ley
de transferencias territoriales. De ahí ingresé a la universidad e inicié mi militancia en el
movimiento estudiantil y participé de la oposición a la primera reforma del esquema de
financiación de la educación universitaria que proponía el Plan Nacional de Desarrollo.
Posteriormente, en 2011, participé contra la reforma de la Ley de Educación Superior, como
integrante de la MANE. Ahí hice parte del comité operativo y del comité técnico que construyó la
propuesta de articulado alternativo. Soy hijo de esos procesos, desde el movimiento estudiantil
me articulé de manera intersectorial a otras plataformas como el Congreso de los Pueblos, donde
estuvimos presentes en el Paro agrario de 2013, acompañando procesos aquí en la ladera, pero
también en otras regiones. Hicimos parte del proceso de movilización del Paro Cívico y Étnico en
Buenaventura en 2017. Hicimos parte también del 21N, del “se están metiendo a los conjuntos”
6
,
que es uno de los antecedentes de 2021. (Mauricio, comunicación personal, 28 de octubre de
2024)
A este respecto, es indudable el aporte y la participación de los estudiantes, tanto en los
eventos del 2021 como en los anteriores, pues, entre las 45 personas entrevistadas –
seleccionadas al azar– más de la mitad afirmó haberse iniciado en el activismo, cuando ingresó a
las filas del movimiento estudiantil. Un integrante del Espacio Comunitario al Calor de la Olla,
señaló que luego de su ingreso a la universidad a finales de 2010, participaba en cuanta marcha se
realizaba en contra del gobierno:
5
Ver puntos de resistencia: en Bogotá, mapa anexo número 1; en Cali, mapa anexo número 2.
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Recuerdo haber participado en el gobierno de Santos, cuando quiso privatizar la educación
superior, en el paro campesino, el plebiscito por la paz, que fue un movimiento bastante activo en
cuanto a la educación por todos los medios, por redes, por las calles, con volantes, presentaciones.
Yo me gradué en 2016 y desde ese año a 2021 estuve haciendo trabajo comunitario en
Techotiva
7
. Ya en contextos de casas culturales, contextos de barrio, me encontré con personas
que atendían también temas de la colectividad, de organización de movimientos, en cuanto a lo
artístico y otros tipos de manifestaciones. Entonces se hizo un trabajo colectivo en muchos
campos, muchas situaciones cosa que, cuando llega la coyuntura, ya sabemos cómo nos
organizamos y en quién confiamos. La gente dice, en el Paro de 2019, de 2021, que: ¿dónde
estaban los universitarios? Pues bueno, estaban en las calles, en las casas en los barrios, ya no
unidos como antes en la universidad, sino unidos en los barrios. Igual es gracias también a ese
movimiento universitario que en los barrios uno podía tratar de enseñar y de organizar a las
personas, que no habían participado anteriormente de este tipo de procesos. (Quyne,
comunicación personal, 20 de noviembre de 2024)
En tal sentido, surgieron varios liderazgos que se constituyeron durante el paro y se
arraigaron con posterioridad al mismo, sin contar con experiencias significativas previas de
movilización, pero, en todo caso, fueron pocos de acuerdo con los datos recabados para este
estudio, y con testimonios que recogen otros trabajos investigativos, en materia de experiencias in
situ (Lozano et al., 2023; Medina, 2023; Vélez y Vargas, 2023). En conformidad con las entrevistas
que se vienen abordando, se destacan al respecto los relatos de dos líderes sociales de Cali: el
primero es de un integrante de la PL de Puerto Rellena, quien reconoció que antes del “estallido”
no se asumía como “luchador social”, aunque ya realizaba ejercicio comunitario en el barrio (“P,
Papas”, comunicación personal, 28 de octubre de 2024); el segundo pertenece a un integrante de
la organización Red Latiendo, que indicaba que se sumó al 28A “sin ningún tipo de experiencia en
esos espacios” y que fue, en condición de vocero de la PL del sector de la Nave, en Siloé
8
, cuando
se integró de lleno en el “tema social y la lucha popular”, aunque su comportamiento en el trabajo
siempre tendió a ser “sindicalista” (Andrés, comunicación personal, 25 de octubre de 2024).
4.PROBABILIDADES PERCIBIDAS PARA PROTESTAR
6
Se trató de un rumor de desinformación y pánico xenófobo, que circuló en redes sociales, principalmente WhatsApp,
donde se afirmaba falsamente que había vándalos ingresando a conjuntos residenciales a realizar actos de saqueo.
7
Barrio de la localidad de Kennedy, aledaño al Portal de las Américas, ver mapa anexo número 1, puntos de concentración
y resistencia en Bogotá, en el marco del 28A.
8
Comuna 20 de la ciudad de Cali, ver mapa anexo número 2, puntos de concentración y resistencia en esta ciudad en
el marco del 28A.
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En cada uno de los ciclos de acción colectiva que se precipitó a nivel nacional a lo largo del
periodo, la percepción de las situaciones problemáticas generalmente estuvo a cargo de los
actores mejor posicionados, en materia de recursos y acceso rutinario a los organismos
gubernamentales.
El GN, los partidos políticos del oficialismo, al igual que de la oposición, y los desafiadores
consolidados, eran básicamente quienes conocían de primera mano las condiciones conflictivas.
Por cierto, complementaron sus percepciones, tal cual cultura de la protesta (Gusfield, 2014), con
la perspectiva de expertos o autoridades competentes, como una expresión retórica oficial de la
problemática en cuestión. Los sujetos, por su parte accedieron a la información por canales de
prensa y por diferentes medios de comunicación tradicionales y alternativos, principalmente redes
sociales, a medida que su uso se masificó a lo largo del periodo, en el marco de las convocatorias y
el desarrollo de las protestas.
En consecuencia, la atribución de los acontecimientos políticos, propicios o no para la
acción colectiva, desató tensiones entre todos los actores involucrados respecto a su
perspectiva del contexto y a sus esfuerzos por consolidarla (McAdam, et al., 2005). Así, cada cual
alimentó su propia percepción de las circunstancias objetivas en cada jornada de protestas. El GN,
generalmente recurrió al argumento de la necesidad de recaudar presupuesto, por falta de
liquidez económica, para gastos de saneamiento, programas sociales, ampliación de cobertura
educativa universitaria, financiamiento del agro, etc., con el fin de poner a salvo la política
económica y la gobernabilidad del país. Igualmente, ante el anuncio de los paros convocados,
siempre optó por descalificar las iniciativas y negar la legitimidad de las denuncias al igual que las
demandas, catalogándolas de infundios con intereses políticos, cuando no subversivos o
vandálicos.
Los partidos oficialistas al gobierno, en general, siguieron su misma línea argumentativa,
aunque en el contexto del 28A tomaron distancia respecto al proyecto de reforma propuesto en
esa oportunidad. Los partidos de la oposición, por el contrario, alimentaron cada debate en el
Congreso y la mayoría de las iniciativas de protesta en cada uno de los ciclos del periodo. En el
último, de hecho, fueron los primeros en denunciar que la propuesta de ley presentada en
realidad se trataba de un paquete de reformas fiscales regresivas, en detrimento de los sectores
medios y bajos de la sociedad, al que denominaron el “Paquetazo de Duque”.
En suma, los desafiadores, en una perspectiva similar a la promovida por los partidos de
oposición al gobierno, asumieron las circunstancias contextuales como producto de la
profundización de las políticas económicas aplicadas en el país, desde la década de 1990, por
prescripciones de la banca multilateral, y como efecto de las medidas institucionales de supresión
y represión de las expresiones de protesta. Los sujetos por su parte avistaron el contexto de
acuerdo a los hechos empíricos y a sus propias vivencias. A continuación, se presenta una síntesis
general de las probabilidades percibidas para protestar, por parte de estos dos tipos de actores.
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4.1 Atribuciones en 2007, 2011 y 2013
En 2007, en el contexto de la reforma al SGP, los maestros estatales asumieron el paro
como la continuación de la disputa por la distribución de los recursos públicos, que inició a finales
de la década de 1990, puesto que desde esa época se venía aplicando en el país una serie de
recortes presupuestales y privatizaciones de empresas públicas, para cumplir con los pagos de la
deuda externa. Al respecto, conviene señalar que en 2001 se recortó por primera vez el porcentaje
de las transferencias, para cubrir servicios de saneamiento en los departamentos y municipios, y
se acordó reestablecer la norma original en 2009.
Por lo tanto, desde las directivas de FECODE se asumió la iniciativa de reforma como una
ruptura del compromiso adquirido en aquella ocasión, propia de la “profundización de la política
neoliberal aplicada en los últimos años” (FECODE, 2007a). En esa línea se afirmó que la educación
vivía una crisis a raíz de ello, y que el gobierno era indolente al pretender imponer un nuevo
recorte, mediante astucias matemáticas, que lo hacían ver como incremento presupuestal,
mientras se quedaba con un porcentaje amplio del presupuesto, para invertirlo en el sector
privado (FECODE, 2007b; 2007c; 2007d). Así, los maestros estatales aprovecharon para fortalecer
los vinculos grupales, incorporaron las demandas de otros sectores que también protestaban en
ese momento, y plantearon el Paro Nacional del Magisterio, que prolongaron entre mayo y junio,
pese a que el proyecto de reforma finalmente fue aprobado en el Congreso.
En 2011, el escenario de la reforma de la Ley de Educación Superior, los estudiantes
universitarios asumieron que se trataba de una tendencia de orden internacional, manifiesta en
las protestas contra los ajustes económicos que se llevaban a cabo en simultaneo en Medio
Oriente, Europa y América Latina, de la cual el país no era la excepción (MANE, 2011a). Al respecto
se destacan dos perspectivas. Por un lado, percibieron el proyecto de ley como parte de un nuevo
intento de las elites políticas, por desfinanciar la educación pública, “en el marco de la aplicación
de la política neoliberal para la educación superior en Colombia” (MANE, 2011b). Por otro lado,
dimensionaron el problema como un acto de exclusión, puesto que no fueron consultados para la
formulación de la ley formulada.
En consecuencia, se asumieron “como continuadores de la lucha histórica de los
estudiantes colombianos, la comunidad académica y los sectores sociales, por una nueva
educación” (MANE, 2011b). En este respecto, esta expresión fue central en materia de acciones
discursivas, en los procesos de enmarcado, pero también de acciones emotivas, en los procesos de
sentimiento y pensamiento. Por consiguiente, una vez los universitarios lograron articularse en la
MANE, y paralizar el sistema educativo a nivel local, anexaron los reclamos que otros desafiadores
venían enarbolando y plantearon el Paro Nacional Universitario, hasta que el gobierno desistió de
la reforma y ordenó su archivo.
En 2013, en el contexto de la crisis del sector agrario, los campesinos vincularon el alza con
los costos de los insumos, y su detrimento económico con los TLC que habían entrado en vigencia
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los años anteriores, pero también con el incumplimiento de acuerdos establecidos previamente
con el GN, que se basaban en subsidios, refinanciación de créditos y reducción arancelaria (“Tema
del día”, 2013). Algunos de éstos fueron adquiridos en el primer semestre del año, en medio de
dos situaciones previas de protestas: el Paro Campesino del Catatumbo9 y del Paro Cafetero
(González, 2019).
Sin embargo, para el campesinado se trataba de una deuda histórica que el Estado
colombiano tenía con el mundo rural, manifiesta en décadas de injusticias, desigualdad,
marginación económica y política, que consistía en la omisión sistemática de los derechos
establecidos en la Constitución Política de 1991, en particular de inversión en seguridad social,
educación, salud e infraestructura. El sector percibió la situación como una forma de abandono
estatal, por la falta de políticas apropiadas para el sector, que se profundizaba con el arraigo de
reformas fiscales de tipo neoliberal.
De acuerdo al comunicado que acompañaba uno de los pliegos de peticiones en ese
entonces, en la perspectiva de los campesinos, en las últimas décadas se había aplicado “todo un
paquete legislativo y normativo en materia de producción agropecuaria, minera, energética, de
vivienda y de servicios públicos”, que avanzaba en contra del bienestar del pueblo y favorecía “los
intereses del capital nacional e internacional” (MIA, 2013a). En consecuencia, el gremio se
organizó en el CNA, la MIA y la DA, enarboló sus demandas con las reivindicaciones de los demás
desafiadores que también adelantaban campañas de protesta en simultaneo, y convocó al Paro
Nacional Agrario, que levantó paulatinamente, después de establecer diferentes acuerdos con el
GN, en el marco del Gran Pacto Agrario (MIA, 2013b; Archila, et al., 2014; González, 2019).
4.2 Atribuciones en el 21N y el 28ª
En el contexto del ciclo de protestas de 2021 los desafiadores, empezando por las centrales
de trabajadores y los demás sectores que se articularon en el CNP, en conformidad con
formaciones políticas de izquierda, percibieron el anuncio de la Ley de Crecimiento Económico al
igual que la Ley de Solidaridad Sostenible como parte de un paquete de reformas fiscales, que
incluía ajustes en el sistema laboral y el de pensiones, con el fin de beneficiar a los empresarios del
país. Así, asumieron que se trataba de la profundización de las políticas económicas impuestas
desde los años noventa. En respuesta, ante el anuncio de ambas iniciativas de ley, organizaron el
Paro Nacional del 21N y el Paro Nacional del 28A, con el propósito de detener la aprobación de
cada ley respectivamente, en el Congreso. Según uno de los comunicados del CNP, “con el fin de
derrotar las intenciones del gobierno de seguir destruyendo al país, la paz, y los elementales
derechos de los trabajadores y el pueblo” (CNP, 2019b). En la primera oportunidad el proyecto de
ley fue aprobado en el Senado, en la segunda, el gobierno declinó de su iniciativa. En ambas
ocasiones los sectores aglutinados en el CNP identificaron un cúmulo de problemáticas específicas,
que tuvieron lugar en la historia reciente del país, como oportunidades propicias para llamar al
cese de actividades y al Paro Nacional.
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Así pues, en el escenario del 21N advirtieron que la intencionalidad de la reforma tenía por
fin “salvaguardar los intereses del capital financiero especulativo” y “privatizar el sector financiero
público” (CNP, 2019a).
Igualmente, problematizaron el tema del cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados en
2016 con las extintas FARC, el asesinato recurrente desde entonces de excombatientes firmantes
de ese proceso, al igual que los homicidios y persecuciones de líderes sociales, y el incumplimiento
de pactos y reivindicaciones que venían enarbolando distintos sectores con anterioridad.
En el escenario del 28A advirtieron que las problemáticas del 21N se habían arraigado
debido a que el GN se había dedicado a “legislar y administrar los recursos del Estado solo para
los banqueros y las grandes corporaciones nacionales y extranjeras” (CNP, 2021b), en medio de la
crisis sanitaria del Covid-19. En esta lógica los desafiadores asumieron el nuevo proyecto de
reforma como una iniciativa “codiciosa y mezquina”, que además significaba “el mayor asalto en la
era neoliberal”, puesto que se pretendía extraer recursos de “las clases medias, trabajadores y
pensionados” (CNP, 2021a), después de treinta años continuos de la aplicación de medidas
prescritas por organizaciones como el FMI, El Banco Mundial, el BIC y la OCDE, con el fin de
establecer un régimen económico, funcional a los intereses del capital financiero y las
multinacionales.
Las percepciones entre los participantes entrevistados, que hacían parte de los grupos de
desafiadores, aludieron el mismo argumento como una oportunidad justa para protestar, pero
bajo su perspectiva sectorial. Por ejemplo, para los indígenas, se había cristalizado un ambiente de
violencia a raíz de prácticas y pensamientos colonialistas perpetuados, que era necesario
enfrentar. Para las víctimas/familiares de la violencia, una reforma representaba un retroceso
respecto al conflicto armado, que profundizaría la crisis y la inseguridad. Y para las mujeres, el país
atravesaba un periodo fluctuante con la persistencia de problemáticas profundas, relacionadas
con tendencias políticas de corte neoliberal. La integrante del Movimiento Nacional de Mujeres
por la Paz, en Bogotá, expresó esta cuestión en las siguientes palabras:
Persiste, por ejemplo, el conflicto armado interno, a pesar de los acuerdos con las FARC.
Este es un escenario que tiene un impacto general en lo territorial, en lo campesino, en lo
indígena. El desplazamiento, el confinamiento, los asesinatos de líderes, lideresas, defensoras,
hacía parte de un periodo que afianzó el poder del patriarcado neoliberal. En ese momento
llegamos a ser el primer o segundo país más pobre de la región, un país en que persiste la pobreza,
en el que se agudizan las brechas laborales.
9
Región ubicada al nororiente del país, específicamente en los departamentos de Santander y Cesar, conocida
tanto por su riqueza y biodiversidad natural, como por tratarse de una zona donde se ha desarrollado el
conflicto armado que se vive en Colombia, hace más de sesenta años.
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Además, el modelo neoliberal y sus reformas empiezan a minar derechos económicos y
sociales, ganados en luchas anteriores. (María Ramírez, comunicación personal, 22 de noviembre
de 2024)
Los sujetos igualmente aludieron estas circunstancias como un cúmulo de oportunidades
para protestar, hicieron énfasis en los sucesos problemáticos más recientes, y atribuyeron la
responsabilidad particularmente al gobierno de Iván Duque Márquez, por representar la
continuidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de las políticas aplicadas durante los dos
periodos en los cuales éste estuvo al frente del ejecutivo. Sin embargo, en vez de aludir a las
explicaciones tradicionales enunciadas por los desafiadores como oportunidades para protestar,
señalaron situaciones que experimentaron de manera directa o indirecta.
En este orden de ideas, las circunstancias percibidas por estos actores, como apropiadas
para la acción colectiva, fueron diversas. En Cali, por ejemplo, un integrante del Colectivo Unidos
en Resistencia, indicó lo siguiente:
Veníamos de un proceso de paz en el que no había voluntad política para implementar los
acuerdos de 2016, aumentaba el desplazamiento forzado del pacífico que llegó hasta el oriente de
la ciudad, y también estaba el tema de que veníamos de una pandemia donde se reflejó la
vulnerabilidad de gran parte de la población. En medio de esas situaciones el Ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla, le quería poner impuestos a la canasta familiar y afirmó que la
docena de huevos costaba mil ochocientos pesos, cuando en realidad costaba alrededor de
veinticinco mil pesos. Entonces ese fue el detonante, pero la problemática era mucho más
profunda. Era todo un modelo económico, político y social, que había profundizado la crisis. Un
hecho encima del otro. En el 2019, me acuerdo mucho, de los bombardeos de los campamentos
de la guerrilla, donde se encontraban menores de edad, que fueron dados de baja como máquinas
de guerra. Eso causa una indignación impresionante. (Peter, comunicación personal, 27 de octubre
de 2024)
Para los sujetos, en algunas ocasiones, la percepción de la oportunidad surgió en el
contexto del 21N, en una suerte de acto de conciencia que les permitió advertir que su situación
particular en realidad era compartida por miles de personas. Entonces, como indicó en Cali, Jorge,
integrante del Movimiento Sin Techo, era solo cuestión de prepararse y esperar el momento
preciso para expresar el malestar acumulado. En Bogotá, una integrante del Colectivo de Músicos
de la Segunda Línea, afirmó lo siguiente:
Nos encontrábamos con los parches de músicos sintiendo que estábamos muy mal, que no
teníamos derechos, entonces como que en ese momento todo se junta. Desde 2019 arrancamos
como a articularnos; en realidad fue como que nos encontramos en las calles, cuando empezaron
las grandes marchas. Entonces nos damos cuenta que todos estamos en el mismo nivel, en el
mismo lado: el lado de los jodidos. Todos estábamos igual de jodidos, por más que fueras músico
de jazz o de folclor, todos estábamos jodidos. Así fue como nos juntamos para salir a tocar, para
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salir de la frustración tocando. (Andrea, comunicación personal, 15 de noviembre de 2024)
En otras circunstancias la percepción de la oportunidad para protestar surgió con la
posibilidad de satisfacer los impulsos fisiológicos, como sugiere Jasper (2018), sobre todo por
parte de aquellos que lo estaban pasando mal a causa de la crisis por la emergencia sanitaria del
Covid-19, que en el país se vivía todavía en 2021. Por ejemplo, en Bogotá, uno de los integrantes
del Colectivo Hijxs de Usminia y de la Primera Línea que hizo presencia en la localidad de Usme,
afirmó que el hambre fue un aliciente a favor, en el marco del 28A, independientemente de la
motivación política generada por el anuncio de la Ley en proceso de aprobación:
Fue como la rabia que venía desde el 2020. Estar encerrados, con hambre con ganas de
salir, pasando necesidades, viendo que no había un gobierno que apoyara, entonces al momento
de la protesta, todo el mundo salió a decir: tengo hambre,necesitamos cambios reales, esa
reforma nos va a afectar más el bolsillo. Ese fue el estartazo. Te levantas un día, sales te das
cuenta que no hay plata para comida, pero que sí hay plata para comprar armamento para
reprimir al manifestante. Entonces eso es lo que ya lo impulsa a uno a preguntarse: ¿ahora qué
vamos a hacer? (Copete, comunicación personal, 02 de noviembre de 2024)
A este respecto, como plantea Tarrow (2023), son varios los testimonios que sugieren una
“expansión de las propias oportunidades” (p. 291), que se iba generando, a partir del desarrollo de
los hechos. En efecto, para algunos el 28A se convirtió en la ocasión oportuna para difundir
procesos organizativos y luchas barriales, como comentaba, en Cali, Maritza Rodríguez, integrante
de la Asociación Líderes de Oriente. Para otros, según señaló en Bogotá Andrea, del Colectivo
Biblioteca el Uval, representó la oportunidad de apoyar a sus “parceros”, como solían hacerlo
alrededor de actividades sociales y culturales. O “simplemente”, como indicó en la misma ciudad,
un integrante del colectivo artístico Careximbas, “se comenzó a realizar una juntanza de gente que
estaba insatisfecha por la situación que atravesaba el país y el tema de la pandemia” (Vladimir,
comunicación personal, 02 de noviembre de 2024).
Para la mayoría de los participantes entrevistados, las oportunidades percibidas para
protestar se sustentaban en la crisis económica, profundizada por la pandemia, y se exacerbaban
con las medidas represivas que aplicó el GN, con el argumento de contenerlo. En Cali, por ejemplo,
una integrante de la Organización Social y Política Atrévete, indicaba lo siguiente:
Nos dábamos cuenta que teníamos muchas razones para salir, más allá de la reforma
tributaria o del sistema de salud. Muchas personas iban y nos decía: tengo hambre. Y simplemente
entendimos, desde nuestro lugar, desde el barrio y desde nuestra hambre, que hay cosas que
están mal, que hay cosas que hay que transformar. Entonces siento que la reforma tributaria fue
algo que movilizó el estallido social, pero que alrededor de él muchas cosas se fueron
transformando en cuestión de las razones. Cada día era una razón para quedarse, porque cada día
había más muertos y cada día había más desaparecidos. Cuando avanzaba el Paro Nacional era
como: listo, están estas razones, hay un sistema de salud precario, hay una desigualdad económica
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y social gigantesca, hay reformas tributarias regresivas. Sin embargo, se iban sumando más
razones como: venga, necesitamos transparencia; necesitamos verdad; no necesitamos represión;
entonces ¿qué pasa con los caídos, por qué nos reprimen? Y ahí se fueron dando también otras
narrativas, de justicia, de verdad. (Angie, comunicación personal, 29 de octubre de 2024).
Este aspecto no es menor si se considera que la mayoría de los entrevistados atribuyó su
participación en el Paro Nacional del 28A a la represión que la fuerza pública desplegó, sin
distinción alguna, sobre ellos mismos o sobre las personas que salieron a las calles a protestar en
ese contexto. Es decir, la violencia además de ejercer como antecedente, o como novedad de
este ciclo en especial, se desempeñó como uno de sus factores causales fundamentales, allende a
los aspectos políticos o económicos a los cuales se le atribuye el fenómeno, en el grueso de la
literatura consultada.
5 CONCLUSIONES
En suma, en consideración con los ciclos de acción colectiva que se desarrollaron a escala
nacional en Colombia, entre 2002 y 2021, se puede afirmar que, aunque la protesta social en el
país suele ser protagonizada por algún sector específico, sus momentos más álgidos, en especial
2021, han sido el producto de acciones multisectoriales, adelantadas por actores susceptibles de
consideración en términos de sectores subalternos. Éstos, más allá de su identidad política, son
diferenciables entre desafiadores o grupos constituidos por sectores sociales que carecen de
acceso rutinario a los organismos y recursos gubernamentales, y sujetos o participantes, es decir,
personas y/o grupos, no organizados como tal, que aprovechan las circunstancias para expresar
sus propias reivindicaciones.
En ambos casos, se trata de actores que tenían cierta trayectoria y experiencia en materia
de acción colectiva. De acuerdo con los participantes entrevistados en relación al 28A, en Bogotá y
Cali, la mayoría fue también partícipe de los ciclos anteriores; incluso los más veteranos señalaron
que hicieron parte de acciones de protesta que tuvieron lugar en las últimas décadas del siglo
anterior. En otras palabras, ciertamente surgieron nuevos liderazgos, pero fueron pocos en
proporción a los liderazgos consolidados, y tuvieron lugar por efecto de la organización
mancomunada entre desafiadores y sujetos, más no por una suerte de espontaneidad causada por
la coyuntura.
Ahora bien, la atribución de oportunidades y amenazas políticas estuvo determinada por
este factor, por los procesos políticos y las circunstancias económicas del momento, pero también
por las percepciones y por la producción de narrativas sobre el contexto, por parte de todos los
actores en pugna. En el caso de los agentes de gobierno, o miembros del sistema político que
gozan de acceso rutinario a los organismos y recursos gubernamentales, entiéndase GN y sectores
oficialistas, la sustentación de sus intenciones se basaba en la afirmación de que se trataba de
reformas necesarias para el país, y se reforzaba con lecturas descalificadoras constantes, dirigidas
a las críticas de detractores y a las iniciativas de paro o intenciones de protesta en general.
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Por parte de las fuerzas de oposición, fue primordial sobre todo el surgimiento de partidos
y movimientos, que se situaron en la izquierda y el centro del espectro político nacional, en la
medida en que promovieron debates en los cuales contradecían al gobierno y denunciaban, a la
vez, los intereses ocultos de sus dirigentes, en relación a sus proyectos de reforma y a las políticas
sociales que éstos llevaban adelante.
Las posibilidades percibidas para protestar, por cuenta de los desafiadores y sujetos, se
basaron en razonamientos similares en lo que respecta al contexto, pero disimiles en lo que se
refiere a la experiencia empírica de unos y otros. Por ejemplo, en el escenario del ciclo de
protestas de 2021, en Bogotá y Cali, la percepción de las oportunidades por parte de los
desafiadores, en línea con las interpretaciones de los partidos de oposición al GN, se basó
principalmente en resistir a la aprobación de proyectos de reforma, que profundizaban la
aplicación de políticas neoliberales regresivas, y en reclamos por desatención de denuncias y
demandas que fueron enarboladas a lo largo de todo el periodo. En el caso de los sujetos, las
oportunidades también estuvieron determinadas por razones similares, pero se complementaron
a raíz de sus propias vivencias, y se ampliaron en el transcurso de los hechos, en particular, por las
medidas represivas implementadas por el GN y por la violencia que se exacerbó en ese contexto.
En esta lógica, este conjunto de circunstancias se convirtió en el aliciente principal para
protestar, pero también para implementar otras acciones, cuyo devenir y acumulados es necesario
escudriñar adrede a la comprensión profunda del fenómeno, y aposta a sus interpretaciones
reduccionistas, con las herramientas teóricas pertinentes. Verbigracia: los tipos de estructuras
organizativas, su origen, sus formas de organización y sus dinámicas de interacción; los procesos
de interpretación y las gramáticas movimientistas que éstas acuñaron en cada ciclo del periodo;
los repertorios enteramente disruptivos u orientados a alterar el orden social establecido y sus
variaciones; o las dinámicas de configuración de las emociones que insuflaron cada ciclo de
protestas, en términos de etiquetas y maneras colectivas de actuar y de pensar.
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Mapa 1. Puntos de concentración y de resistencia en Bogotá, en el marco del Paro Nacional de 2021
Fuente: Adaptado de Mapas Bogotá https://mapas.bogota.gov.co/
Mapa 2: Puntos de concentración y de resistencia en Cali, en el marco del Paro Nacional de 2021
Fuente: Adaptado de Deposiphotos.com https://depositphotos.com/vectors/mapa-de-cali.html?qview=143147487
