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Hernández Niño, D. S., Espitia Riaño, K. N., & Rodríguez Castro, T. F. (2026). La reinserción social
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Sociales, 5(2). 47-57 https://ojs.unipamplona.edu.co/ripcs
La reinserción social en la cárcel y
penitenciaría de mediana seguridad de Tunja
Effectiveness of Social Reintegration Programs at the Medium-Security
Prison of Tunja
Daniel Santiago Hernández Niño
1
, Karen Natalia Espitia Riaño
2
,
Tomas Federico Rodríguez Castro
3
1
Universidad Santo Tomas, Tunja, Colombia
2
Universidad Santo Tomas, Tunja, Colombia
3
Universidad Santo Tomas, Tunja, Colombia
Correspondencia: tomas.rodriguez@usantoto.edu.co
Derechos de autor 2025 Revista investigación & praxis en CS Sociales.
Esta obra está bajo una licencia internacional https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Recibido: 15 abril 2026.
Aceptado: 18 junio 2026.
Publicado: 31 julio 2026.
Como Citar: Hernández Niño, D. S., Espitia Riaño, K. N., & Rodríguez Castro, T. F. (2026). La
reinserción social en la cárcel y penitenciaría de mediana seguridad de Tunja. Revista
Investigación & Praxis en CS Sociales,
5(2)47-57. https://ojs.unipamplona.edu.co/ripcs
Resumen: El presente estudio de revisión documental analiza en
profundidad la efectividad de los programas de reinserción social
desarrollados en la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Tunja
durante el periodo comprendido entre 2012 y la actualidad. A partir de la
recopilación, sistematización y contraste de literatura académica, informes
institucionales y pronunciamientos jurisprudenciales, se examina cómo las
condiciones estructurales e institucionales del sistema penitenciario
colombiano condicionan los resultados de las estrategias de resocialización
en el escenario local. Se valoran detalladamente los componentes
educativos, ocupacionales y psicosociales orientados a la preparación de
las personas privadas de la libertad para el retorno a la comunidad. La
evidencia analizada revela que, pese al sustento normativo y a los
esfuerzos administrativos locales, persisten deficiencias críticas asociadas
al hacinamiento, la insuficiencia de recursos presupuestales y la
discontinuidad de las iniciativas formativas y laborales. Se concluye que los
programas implementados han logrado un impacto únicamente parcial,
resultando insuficientes para reducir de manera sostenida los índices de
reincidencia y para garantizar una efectiva inclusión socio-laboral post-
penitenciaria, lo que exige una reestructuración integral de la política
criminal y de tratamiento en Colombia.
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Palabras clave: Reinserción social, resocialización, tratamiento
penitenciario, hacinamiento carcelario, reincidencia delictiva, Cárcel de
Tunja, Estado de Cosas Inconstitucional.
Abstract: This documentary review study deeply analyzes the effectiveness
of the social reintegration programs developed at the Medium-Security
Prison and Penitentiary of Tunja from 2012 to the present. Through the
compilation, systematization, and contrast of academic literature,
institutional reports, and jurisprudence, it examines how the structural and
institutional conditions of the Colombian penitentiary system determine
the outcomes of resocialization strategies in the local context. The
educational, occupational, and psychosocial components aimed at
preparing incarcerated individuals for their return to the community are
thoroughly evaluated. The analyzed evidence reveals that, despite the
existing regulatory frameworks and local administrative efforts, critical
deficiencies persist regarding overcrowding, budget shortages, and the
lack of continuity in training and work initiatives. It is concluded that the
implemented programs have achieved only partial impact, remaining
insufficient to sustainably reduce recidivism rates and guarantee effective
post-penitentiary socio-labor inclusion, thus demanding a comprehensive
restructuring of criminal and correctional policy in Colombia.
Keywords: Social reintegration, resocialization, penitentiary treatment,
prison overcrowding, criminal recidivism, Tunja Prison, Unconstitutional
State of Affairs.
1. INTRODUCCIÓN
El sistema penitenciario y carcelario en Colombia atraviesa una crisis estructural histórica
que pone en constante entredicho la función resocializadora de la pena privativa de la
libertad. Históricamente, la reclusión se ha debatido entre la mera retribución punitiva y el
imperativo constitucional de dotar a las personas privadas de la libertad (PPL) de herramientas
integrales para su posterior reintegración a la sociedad. En este marco, la Cárcel y
Penitenciaría de Mediana Seguridad de Tunja representa un microcosmos paradigmático de
la realidad penitenciaria nacional: un escenario donde los preceptos legales y los lineamientos
de política criminal colisionan de manera persistente con la escasez de recursos, la
sobrepoblación, las fallas de infraestructura y las barreras sociales del entorno.
A pesar de que el marco jurídico colombiano concibe la ejecución de la pena como un
proceso progresivo de tratamiento orientado a la modificación de conducta y a la adquisición
de competencias laborales y ciudadanas, las investigaciones e informes de organismos de
control advierten que los establecimientos de reclusión operan con frecuencia como recintos
de contención pasiva. En Tunja, la brecha entre el diseño normativo y la ejecución práctica de
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las actividades de redención y formación plantea interrogantes sustanciales sobre la
verdadera efectividad de la oferta institucional. Surge así la pregunta central que orienta esta
investigación: ¿Qué tan efectivos son los programas de reinserción social implementados en
la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Tunja entre 2012 y la actualidad para
preparar a los internos para la vida en libertad y reducir la reincidencia delictiva?
Para abordar este interrogante, el objetivo general de este artículo de revisión es examinar
analítica y críticamente la efectividad de dichos programas mediante el contraste de literatura
especializada, balances institucionales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC), informes de la Defensoría del Pueblo y pronunciamientos de la Corte Constitucional.
La metodología adoptada corresponde a una revisión documental cualitativa con un alcance
temporal delimitado entre el año 2012 y la actualidad. Este rango temporal permite evaluar
más de una década de dinámicas institucionales, reformas normativas y transformaciones en
la gestión carcelaria local y nacional.
El presente artículo de revisión se estructura en tres ejes temáticos fundamentales: en
primer lugar, se abordan los fundamentos conceptuales y normativos que rigen la
resocialización en Colombia; en segundo lugar, se evalúa el impacto de las barreras
estructurales (hacinamiento, infraestructura y restricción presupuestal) sobre el tratamiento
penitenciario en Tunja; y en tercer lugar, se contrastan las dinámicas de la prisión con los
aportes de la criminología crítica, los modelos de intervención basados en evidencia y los retos
del acompañamiento pospenitenciario frente a las tasas de reincidencia.
2. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO DE LA RESOCIALIZACIÓN EN COLOMBIA
Definición institucional y enfoque del tratamiento penitenciario
El concepto de resocialización en Colombia ha sido definido institucionalmente por el
INPEC como una técnica de tratamiento que persigue la modificación actitudinal y
comportamental del individuo privado de la libertad. Según el manual institucional del INPEC
(2016):
“Técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la conducta del interno. Volver a
socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas de
conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la sociedad, esto
implica reconocimiento. La técnica que se maneja es el cambio de actitud y de valores. Se
confunde con el cambio de delincuente en un buen interno(a).” (INPEC, 2016, p. 11; citado en
Hernández Jiménez, 2018, p. 23)
Esta perspectiva clínica y conductual asigna al tratamiento penitenciario la función de
reestructurar la escala de valores del sujeto para adecuarla a las exigencias del ordenamiento
social y legal. No obstante, teóricos del derecho penal y de la sociología jurídica afirman que
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el régimen progresivo no debe limitarse al control disciplinario intramuros, sino constituir un
verdadero puente habilitador hacia la vida libre. Sampedro (1998, citado en Hernández
Jiménez, 2018) subraya que los programas de formación técnica y ocupacional deben
garantizar el aprendizaje de artes u oficios productivos que permitan generar ingresos lícitos
al egresar. De lo contrario, la reclusión deriva en un "ocio improductivo" que consolida al
centro carcelario como una escuela de perfeccionamiento delictivo.
Mandato constitucional y tratamiento basado en evidencia
En el plano jurisprudencial, la Corte Constitucional de Colombia ha determinado de forma
reiterada que el Estado tiene la obligación positiva de disponer los medios materiales,
humanos e institucionales requeridos para que la pena cumpla su fin resocializador. En la
Sentencia C-261 de 1996, el alto tribunal precisó que el sistema penal no puede operar de
forma desocializadora ni menoscabar la dignidad de la persona condenada, debiendo priorizar
la prevención especial positiva sobre el afán meramente punitivo.
Desde la psicología penitenciaria, Ruiz (2010) clasifica las investigaciones sobre
resocialización en dos vertientes: aquellas focalizadas en la evaluación general del tratamiento
penitenciario y las orientadas al diseño de programas de intervención específica orientados
por la evidencia empírica (Echeburúa & De Corral, 1998). En esta misma línea, Rodríguez
Wilches et al. (2024) argumentan que las intervenciones verdaderamente efectivas son
aquellas integrales, que entrelazan la formación académica y técnica con la inteligencia
emocional, el acompañamiento psicosocial y la reestructuración del proyecto de vida personal
y familiar.
3. FACTORES ESTRUCTURALES Y LIMITANTES EN LA CÁRCEL DE TUNJA
Hacinamiento, infraestructura y deficiencia presupuestal
El desarrollo de los programas de resocialización en la Cárcel y Penitenciaría de Mediana
Seguridad de Tunja no ocurre de forma aislada, sino condicionado por las crisis del sistema
carcelario nacional. Diversos autores destacan que la sobrepoblación es el factor de distorsión
más severo de la función resocializadora. Espinel (2014) sostiene que el hacinamiento degrada
las condiciones mínimas de habitabilidad, deteriora la salud física y mental, desencadena
entornos violentos y colapsa la capacidad de atención en salud, educación y trabajo. En el
mismo sentido, Pérez Arévalo y Camacho Campos (2023) demuestran que el sobrecupo
carcelario invalida los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e
impide una cobertura efectiva de los programas formativos.
Adicionalmente, la asignación de recursos públicos ha mostrado una desviación prioritaria
hacia la contención física. Como analiza Sánchez Sabogal (2017), el presupuesto destinado al
sector penitenciario es absorbido en gran medida por la ampliación de infraestructura y la
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creación de nuevos cupos carcelarios, dejando desfinanciados los componentes de
intervención psicosocial, capacitación técnica y seguimiento pospenitenciario. En Tunja, esta
escasez de recursos se traduce en cupos limitados para los talleres de trabajo, falta de
docentes especializados y suspensiones frecuentes de las actividades programadas.
Brecha entre el ideal normativo y la práctica institucional
La distancia entre los postulados legales de la resocialización y su ejecución real en los
pabellones genera una severa contradicción dentro del sistema de justicia. Moreno Martínez
(2020) señala que la resocialización fracasa en Colombia porque no se diseñan planes de
tratamiento individualizados que atiendan las particularidades del delito, la historia de vida,
los patrones de adicción o las dinámicas familiares del interno. En consecuencia, en lugar de
adquirir competencias prosociales, la persona privada de la libertad desarrolla estrategias de
supervivencia dentro de un entorno hostil.
Tabla. 1. Mapa de Actores
Autor(es) y año
Eje teórico / enfoque
Aporte principal al debate penitenciario
Cadena Durán
(2021)
Individualización del
tratamiento
Sostiene que la resocialización requiere diagnósticos integrales e
intervenciones personalizadas ajustadas al perfil biopsicosocial del
interno.
Sánchez (2021)
Vigilancia simbólica y
estigmatización
Analiza cómo las etiquetas sociales hacia el pospenado generan
barreras invisibles que prolongan la exclusión tras el cumplimiento
de la pena.
Sanguino & Baene
(2016)
Ambigüedad y
oscuridad conceptual
Evidencian la falta de precisión técnica en el uso intercambiable de
términos como rehabilitación, readaptación y resocialización en las
políticas públicas.
Jaramillo Arboleda
(2021)
Eficacia del texto
constitucional
Demuestra cómo el mandato constitucional de resocialización se
torna meramente formal frente a las condiciones reales de reclusión.
Espinel (2014); Pérez
& Camacho (2023)
Hacinamiento y
derechos humanos
Documentan la vulneración sistemática de la dignidad humana y el
colapso de los servicios esenciales debido a la sobrepoblación
carcelaria.
Álvarez & Micahán
(2018)
Evaluación del trabajo
penitenciario
Subrayan que la efectividad de la gestión carcelaria debe medirse en
función de la vinculación laboral lícita del egresado en la sociedad.
Fuente: Elaboración propia
Como complementan Díaz Delgadillo y Durán Aristizábal (2021), la resocialización debe
analizarse desde las ciencias políticas y penales para garantizar que el tratamiento no se
reduzca a un trámite burocrático de descuento de pena. Asimismo, Silva Clavijo (2024) y
Villalba García et al. (2020) advierten que la sobrepoblación incrementa los niveles de
violencia interna y desarticula los esfuerzos de humanización de la pena. Granados Niño y Díaz
Gil (2024) concluyen que las estrategias penitenciarias deben incorporar activamente la
percepción del interno y sus vínculos familiares, aspectos frecuentemente desatendidos en la
Cárcel de Tunja y otros centros del país.
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4. DISCUSIÓN CRIMINOLÓGICA Y DESAFÍOS POSPENITENCIARIOS
Criminología crítica y el efecto desocializador de la prisión
Desde la criminología crítica, la institución carcelaria ha sido cuestionada por su
incapacidad intrínseca para reformar al individuo. Alessandro Baratta (2004) argumenta que
la prisión, lejos de reeducar o resocializar, ejerce una función fuertemente represiva que
favorece la asimilación del condenado en las subculturas criminales. La prisionización
distorsiona las pautas de convivencia prosocial e inculca códigos de conducta carcelarios. En
una línea similar, Muñoz Conde (1999) destaca la profunda paradoja del derecho penal
contemporáneo: la cárcel, diseñada teóricamente para resocializar, actúa en la práctica como
el agente desocializador más potente.
Para el contexto específico de Tunja, esta crítica criminológica resulta sumamente
pertinente. Como señalan Granados Niño y Díaz Gil (2025), la población privada de la libertad
percibe el tratamiento penitenciario como un requisito formal o un medio administrativo para
solicitar la redención de pena y obtener beneficios judiciales, más que como un proceso
transformador de su proyecto de vida. Zaffaroni (2011) enfatiza que se debe superar la "falsa
retórica" de la resocialización y centrar el análisis en las condiciones materiales reales de
ejecución de la pena. Cuando los programas no ofrecen herramientas técnicas competitivas,
la prisión ratifica la condición de exclusión del interno.
Reincidencia delictiva y acompañamiento pospenitenciario
Uno de los indicadores más contundentes para evaluar la efectividad de los programas de
resocialización es la tasa de reincidencia delictiva. Estudios de la Fundación Ideas para la Paz
y de investigadores como Pérez Gómez y Navarro Fontalvo (2018) sostienen que los elevados
índices de reincidencia en Colombia demuestran la falla estructural del modelo penitenciario.
La falta de continuidad de los procesos educativos al recobrar la libertad y la ausencia de un
sistema articulado de acompañamiento pospenitenciario neutralizan los avances logrados
intramuros.
Además, el reingreso a la sociedad se enfrenta a la estigmatización social y laboral.
Oliveros-Villa y Silva-Beltrán (2024) afirman que la reconstrucción de lazos familiares y la
obtención de empleo formal son barreras casi insuperables para los exreclusos debido a sus
antecedentes penales. Asimismo, Ruiz y Herrera (2022) observan que las percepciones
negativas y la desconfianza de la ciudadanía hacia la población pospenada limitan
severamente sus oportunidades de reintegración. Para contrarrestar esta dinámica, Heredia
Urrego y Ortiz Díaz (2020) proponen que la resocialización sea asumida como una política
pública de Estado, con planificación interinstitucional, seguimiento posterior al cumplimiento
de la sentencia y alianzas con el sector privado.
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Esta crisis estructural y la persistente violación de garantías fundamentales fueron
formalmente reconocidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-388 de 2013, mediante
la cual se reiteró la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional en los establecimientos
carcelarios del país. Como argumenta Pérez Quintero (2025), la protección de los derechos
fundamentales de las PPL exige una reconfiguración de las garantías sociales intramuros,
asegurando que la dignidad humana sea el eje rector de la reclusión y del egreso. En Tunja,
superar el Estado de Cosas Inconstitucional es un presupuesto indispensable para que
cualquier programa de reinserción alcance estándares reales de efectividad.
5. CONCLUSIONES
La resocialización en la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Tunja, en
concordancia con la realidad nacional colombiana, se mantiene predominantemente como
una aspiración normativa no consolidada en la práctica. Aunque el ordenamiento jurídico de
un Estado Social de Derecho concibe la resocialización como el fin primordial de la pena
privativa de la libertad, las limitaciones estructurales del sistema—encabezadas por el
hacinamiento, la precariedad presupuestal y la falta de personal especializado— neutralizan
el alcance transformador de los programas.
En el contexto específico de Tunja, si bien existen talleres ocupacionales y actividades
educativas que permiten a los internos ocupar el tiempo de reclusión y acceder a redención
de penas, la oferta institucional resulta fragmentada e insuficiente.
La ausencia de diagnósticos individualizados, la limitada continuidad pedagógica y el
abandono en la fase pospenitenciaria impiden que estos programas preparen eficazmente a
los individuos para las demandas del mercado laboral formal y para una vida apartada del
delito. En consecuencia, la reincidencia sigue siendo un fenómeno recurrente que evidencia
las brechas del modelo.
Finalmente, la efectividad de la reinserción social no puede medirse únicamente por la
conducta del interno dentro del recinto carcelario. La resocialización debe entenderse como
un proceso integral y multidimensional que abarca las esferas educativa, laboral, psicológica,
familiar y comunitaria. Mientras persiste el estigma social y la desarticulación entre el INPEC,
las entidades estatales y el sector productivo, la cárcel continuará operando más como un
centro de reclusión represiva y desocializadora que como un espacio de reconstrucción de
proyectos de vida.
6. RECOMENDACIONES
• Diseño e implementación de diagnósticos individualizados: Establecer protocolos
interdisciplinarios (psicología, trabajo social, pedagogía) que evalúen de manera integral el
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perfil biopsicosocial de cada interno al ingresar, permitiendo trazar planes de tratamiento
personalizados y pertinentes.
• Fortalecimiento y cualificación de la oferta formativa y laboral: Articular la oferta de
talleres e instrucción técnica con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e instituciones de
educación superior, adaptando la capacitación a las demandas reales del mercado laboral
regional.
• Superación estructural del hacinamiento y mejora de la infraestructura: Implementar
estrategias efectivas de racionalización de la prisión preventiva, priorizando medidas
alternativas a la privación de libertad para delitos menores y garantizando espacios dignos
para el desarrollo de actividades educativas y ocupacionales.
• Creación de un Sistema Nacional de Acompañamiento Pospenitenciario: Diseñar e
institucionalizar un programa de seguimiento continuo tras la liberación que ofrezca
orientación jurídica, apoyo psicosocial, intermediación laboral e incentivos fiscales para las
empresas que vinculen a personas pospenadas.
• Sensibilización comunitaria y reducción del estigma: Impulsar campañas públicas de
concienciación sobre la importancia de la reinserción social y promover modelos de justicia
restaurativa que involucren activamente a la comunidad y a las víctimas.
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