
ISSN: 2954-5331 / Revista investigación & praxis en CS Sociales
Volumen 2 - Número 1 - 2023
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A su vez Drapkin, (1976) señala que la “meta del posconflicto cambia la idea de que las
guerrillas, por su lógica de guerra irregular, han buscado infiltrarse entre las comunidades
campesinas, obreras y estudiantiles para instrumentalizarlas, y por tanto, deben ser objeto de
una política de seguridad” (p.208), en este sentido la recontextualización para la integración
de excombatientes debe fungirse en el marco del posconflicto como un proceso pedagógico
ciudadano, dado que esta reinserción en función de la construcción de tejido social debe
abordar la reconciliación como principal pilar, dado que la vinculación de los ciudadanos al
proceso de regreso a la población civil de los desmovilizados debe ser real y propositiva para
evitar la reincorporación o articulación de nuevos grupos armados irregulares (Fuquen, 2003).
ZONAS PRIORIZADAS
En Colombia se denominan como zonas priorizadas a aquellas partes del territorio a las cuales
se les da especial prioridad en cuanto a los procesos de intervención local e iniciativas de
desarrollo debido al impacto que ha tenido el conflicto armado en estos lugares, en el decreto
893 de 2017 se señala que las zonas priorizadas poseen “una incidencia de la pobreza
multidimensional de 72,8%, mayor al nivel nacional que se ubica en 49,0%, según datos del
Censo 2005. Asimismo, el 67,0% de los municipios presentan muy alta y alta incidencia del
conflicto armado” (Decreto 893 de 2017). En este sentido la intervención en estas zonas es
fundamental, por esto en los tratados de la habana este típico figuró como fundamental para
la construcción de paz y la no repetición de hechos violentos (Grabendorff,2017).
A su vez se plantean las zonas priorizadas como una manera de contribuir al desarrollo
equitativo del territorio nacional, ya que a lo largo del tiempo del conflicto armado muchas
zonas se excluyeron de iniciativas efectivas de inversión social y avance, quedando reducida a
una subzona de “periferia”, en donde se marginaron una serie de municipios, dificultando las
condiciones de vida y generando contexto para las afectaciones propias del conflicto, en este
sentido como menciona Guerrero y Malagón (2020) “se estableció cerrar las brechas de
desarrollo de los municipios más afectados por el conflicto armado. A través del Decreto Ley
893 de 2017 se identificaron los 170 municipios más golpeados por el conflicto” (p.10) estos
pues son los que inicialmente se determinaron con la definición de zonas priorizadas, aunque
esto no quiere decir que sean los únicos con estas necesidades o que pudiesen lograr entrar
en el plan de acción propuesto desde el decreto 893 del 2017.
A su vez para el cumplimiento de lo mencionado anterior mente se fijó la denominación de
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), vinculándose estos según Guerrero
Guataquira, A. A., & Mala Mayorca, E. G. (2020) con “planeación participativa para otorgar a
las comunidades rurales el protagonismo en los procesos de desarrollo territorial a partir de
la construcción de propuestas que, a partir de sus necesidades, encaminen la inversión de
presupuesto y la adopción de políticas públicas” (p.7) así mismo el ejercicio de las PDET están
directamente relacionadas con la reforma rural integral (RRI), dado que la gran mayoría de
zonas que históricamente han sido afectadas en el marco del conflicto pertenecen a las zonas
rurales del territorio colombiano, ya que como señala Villama (2018):