ISSN Electrónico 2500-9338
Enero-Abril. Volumen 26 Número 1, Año 2026 Págs. 57-67
La existencia de un marco legal no garantiza su aplicación práctica,
su implementación enfrenta retos relacionados con la falta de
cultura digital y la limitada capacidad institucional de las
organizaciones para cumplir con los principios de consentimiento,
finalidad y proporcionalidad (Rodríguez Almache et al., 2024). Así
mismo, Astudillo et al., (2024) advierten que, aunque las empresas
privadas han iniciado procesos de adaptación normativa, muchas
entidades privadas incluyen amenazas de accesos no autorizadas
y ciberdelincuencia de la misma manera ocurre en entidades
públicas que continúan sin incorporar políticas de privacidad
efectivas en sus portales web lo que genera un cumplimiento
parcial.
1. INTRODUCCION
En la actualidad, los datos personales se han convertido en
uno de los activos más valiosos para los Estados, las
empresas y las plataformas digitales, la expansión de la
inteligencia artificial, el comercio electrónico y la gestión en
línea de servicios públicos y privados ha transformado la forma
en que se recopila, procesa y utiliza la información. Este
contexto tecnológico ha producido una creciente preocupación
sobre la privacidad y la seguridad de los usuarios, dando
origen a marcos normativos especializados en los en la
protección de datos personales (Lara-Nino et al., 2022). En
Europa, el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) se ha consolidado como el modelo jurídico de
referencia global, al establecer principios claros sobre licitud,
consentimiento, minimización, finalidad y responsabilidad
proactiva (Dewitte, 2024) explica que el principio de protección
de datos por diseño, consagrado en el artículo 25 del (RGPD)
no surge de forma aislada, sino como resultado de décadas de
desarrollo de mecanismos de seguridad informática y políticas
preventivas de privacidad.
Actualmente los portales digitales se han convertido en el principal
medio de interacción entre los ciudadanos y las instituciones
públicas o privadas. Según Aldas et al., (2025), la calidad de los
sitios web se evalúa no sólo por la accesibilidad y usabilidad, sino
también por los atributos de confianza que transmitan
transparencia, confidencialidad y protección de datos. En este
contexto, sistemas judiciales en América Latina han mostrado
avances y compromiso con la protección de datos personales. En
el caso de Ecuador, el sistema judicial ha incorporado políticas de
privacidad, avisos legales, configuración de cookies, entre otros, lo
que refleja un avance progresivo del cumplimiento normativo digital
(Álvarez Enríquez, 2019).
Este enfoque ha inspirado a diversos países de Latinoamérica
a formular sus propias leyes de protección, buscando adaptar
las buenas prácticas europeas a sus contextos socio técnico.
Otros estudios señalan que las vulneraciones de datos en
entornos digitales y gubernamentales no solo amenazan la
seguridad de los usuarios, en el caso de América Latina, Lara-
Nino et al., (2022) manifiestan que esta tendencia se ha
intensificado ante el incremento de incidentes de seguridad y
la expansión de la economía digital, lo que ha generado una
preocupación creciente por la regulación del tratamiento de la
información personal; los países han adoptado normativas
inspiradas en el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) de la Unión Europa, considerado el estándar
internacional de referencia para la regulación del tratamiento
de información personal (Lim y Oh, 2025), legislación europea
a través de su Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD), ha influenciado en el marco normativo
Latinoamericano, entre ellos el Ecuador (Dewitte, 2024).
En la ciudad de Manta, provincia de Manabí, el crecimiento
comercial, industrial y portuario ha impulsado el uso de portales web
por parte de entidades públicas y privadas; sin embargo, este
avance tecnológico no siempre se ha traducido en un cumplimiento
riguroso de la normativa vigente en materia de protección de datos
personales. Esta situación genera preocupación en torno a la
exposición indebida de información sensible, el uso no autorizado
de datos personales y la falta de mecanismos accesibles que
garanticen los derechos digitales de los ciudadanos. En este
contexto, la presente investigación tiene como objetivo analizar el
nivel de cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales en los portales web de empresas públicas y privadas de
la ciudad de Manta. Para ello, se identificarán diferencias entre
sectores y se propondrán orientaciones que promuevan una gestión
ética y legal de los datos personales.
En Ecuador, se aprobó la Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales LOPDP (2021) en 2021 representó un
avance histórico en materia de derechos digitales. Para Jurado
et al., (2023), es ley responde a la necesidad de un marco legal
coherente que regule la forma en que las instituciones públicas
y privadas recolectan y administran información personal. Su
aprobación estuvo precedida por el caso Novaestrat (2019),
una filtración masiva de datos que expuso las debilidades
estructurales en la gestión de la información ciudadana y
reveló la urgencia de contar con un sistema de protección
sólido (Martínez et al., 2022).
La relevancia de este estudio radica en su aporte al entendimiento
del estado actual de la privacidad digital en un entorno urbano
específico del Ecuador, mediante una metodología sistemática que
permite evaluar variables clave del cumplimiento normativo. Los
hallazgos obtenidos podrán ser utilizados como insumo para el
diseño de políticas internas, estrategias de capacitación y acciones
correctivas que contribuyan al fortalecimiento de una cultura
organizacional comprometida con la protección de datos
personales.
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